* Por Ing. María Victoria Guasone y Abg. Claudio Palma del Área de Gestión Integral de Recursos Naturales del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Este ecosistema presta una gran variedad de servicios ecosistémicos, desde la regulación de inundaciones y sequías, la provisión de alimentos, recursos forestales y agua dulce, el reservorio de biodiversidad y el almacenamiento de carbono, entre otros.

Esta región desde hace muchos años está transitando un proceso de “pampeanización”, donde a partir de la intervención humana se introdujeron actividades productivas, entre múltiples intereses sobre esas tierras, incluidos los fines inmobiliarios.

Este fenómeno ha originado progresivos cambios en el uso de suelo e implementación de prácticas agropecuarias como la quema de pastizales. Si bien las quemas no son una situación nueva en el Delta, la magnitud de los eventos de incendios actuales es asemejable a lo ocurrido en el 2008 y 2020, años en los que se quemaron 200.000 ha y 490.000 ha de humedal respectivamente.

En lo que va del año, se estima que este número ronda las 100.000 ha, quedando pendiente el balance del resto del año y dimensionar las consecuencias acarreadas para la región.

Por estas razones, es evidente que el origen de los incendios es principalmente antrópico. Adicionalmente, la dinámica de todo incendio forestal responde a características propias del lugar, incluidas las condiciones hidrometeorológicas.

La gran disponibilidad de biomasa vegetal y el contexto de sequía y bajante histórica del Río Paraná, facilita la propagación de los incendios y dificulta las tareas de control y combate. En consecuencia, es una combinación propicia para que la situación se torne insostenible.

Respecto a los impactos de los incendios forestales, además de los daños directos sobre la flora y la fauna del humedal, productos como el humo y las cenizas contaminan el agua y el aire, afectando, según la dirección e intensidad del viento, a las poblaciones asentadas próximas a las márgenes del Río Paraná.

Por ejemplo, a raíz de los incendios, mediciones de calidad de aire ejecutadas en estos últimos días en ciudades como Rosario han mostrado valores de concentración de material particulado menor a 10 um, tamaño de partícula que puede ingresar por las vías respiratorias, por fuera de los umbrales recomendados por la OMS.

Esta contaminación del aire tiene implicancia directa sobre la salud, pudiendo ocasionar problemas respiratorios de distinta gravedad.

Siendo reconocido internacionalmente el valor ecológico de los humedales, han surgido distintas iniciativas para su conservación.

Una de ellas es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), que incluye a las tres jurisdicciones. No obstante, su implementación no ha sido efectiva, exhibiendo una falta de objetivo claro respecto al ordenamiento territorial y una limitada capacidad de respuesta a las problemáticas socioambientales que acontecen.

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Otra iniciativa de escala nacional es la ley de humedales, que actualmente cuenta con once proyectos ingresados en el Congreso de la Nación.

El objetivo de la ley es establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental comunes para todo el país, que aseguren la conservación y el uso ambientalmente racional de los humedales, en consonancia con el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional.

En noviembre de 2021, el proyecto de ley de humedales elaborado y consensuado en el 2020, con más de 300 organizaciones de la sociedad civil, perdió estado parlamentario, debido a la falta de impulso de las autoridades legislativas.

Sin embargo, en febrero de este año, en el marco de una reunión organizada junto al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para la construcción de inventarios provinciales de humedales, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, anunció la elaboración de un nuevo proyecto de ley de humedales por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Cabandié señaló que el proyecto, finalizado el 11 de julio, fue consensuado en “perspectiva federal” y “diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, los sectores productivos, científicos y académicos”. También expresó que existe voluntad desde su Gobierno para “armonizar a los distintos sectores” y “tener un proyecto de ley que se apruebe”.

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Las organizaciones de la sociedad civil plantearon su disconformidad con el proyecto del Poder Ejecutivo, argumentando que no contempla las propuestas consensuadas en el texto original del año 2020, que obtuvo el aval de más de quince legisladores. En consecuencia, el 2 de marzo volvieron a ingresar, por cuarta vez, el proyecto original en el Congreso bajo la firma del Diputado Leonardo Grosso (Expediente N°0075-D-2022).

Una de las críticas al proyecto del Poder Ejecutivo por parte de las organizaciones, es que minimiza las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, eliminando funciones y deberes que hacen a su rol de autoridad de coordinación interjurisdiccional, como la responsabilidad de la realización del Inventario Nacional de Humedales.

Asimismo, expresan que dicho proyecto elimina los plazos que las provincias tienen para hacer un ordenamiento ambiental territorial que incorpore a los humedales en sus territorios, y se aleja de la definición de humedales consensuada originalmente, lo que podría dar lugar a que vastas franjas de territorios queden sin protección legal.

Por otra parte, señalan que el proyecto no incluye “moratoria, prohibiciones expresas ni mayores exigencias para los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impactos Acumulativos”.

Finalmente, una de las críticas más importantes al proyecto, es la eliminación de los principios ambientales in dubio pro natura, in dubio pro aqua, de no regresión y resguardo jurídico ambiental y la omisión de la definición de expresiones como uso racional o integridad ecológica. Según estos actores, dichas supresiones podrían dar lugar a ejecuciones de la ley que se alejan de sus objetivos.

En este contexto de múltiples reclamos populares, resulta urgente y fundamental la reactivación del PIECAS-DP y la promulgación de una ley de humedales consensuada para proteger estos ecosistemas esenciales y hacer frente al problema de salud pública.

Acerca del Centro Desarrollo Sustentable GEO

El Centro de Desarrollo Sustentable GEO es un espacio colaborativo y multidisciplinario, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que promueve un proceso de transformación integral a través de la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico, social y ambiental.

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