El Tribunal Constitucional de España manifestó que el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el 14 de marzo de 2020 excedió el marco legal vigente. Por ello, declaran inconstitucional el primer confinamiento decretado por la pandemia de COVID.

La decisión fue tomada a instancias del recurso de inconstitucionalidad del partido ultraderechista Vox. Ordenando como primera consecuencia que las multas que no sean firmes son anuladas, aunque el tribunal ha blindado al Estado de reclamos masivos. Generando así un marco limitando al alcance de su decisión.

Sin embargo, para el gobierno, la sentencia del Tribunal Constitucional conocida este miércoles es un duro cuestionamiento al Ejecutivo, quien ha reaccionado molesto reafirmando que el decreto invalidado por el máximo órgano de justicia: “Sorprende por desconocer que esta decisión era absolutamente imprescindible para salvar vidas en la lucha contra COVID”.

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El acuerdo sobrevino luego de una votación dividida sobre la constitucionalidad del decreto del jefe de Gobierno. Fue así como dos bloques con posturas antagónicas desde que el asunto se elevó a Pleno hace unas semanas.

La decisión de la sentencia se extendió por un periodo de 15 días. Finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, jueza elegida a propuesta del Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo parcialmente inconstitucional. Seis magistrados frente a cinco que consideran que la restricción de libertades no se ajustó al marco legal.

La repuesta del gobierno ante el fallo inconstitucional

Para el gobierno, tanto las revisiones parlamentarias pasadas como, como declarar al estado una excepción supone una restricción mucho más severa. Ya que desviva a el control en el Poder Legislativo.

La sentencia de este miércoles expresa una posición “política” que ha dado origen a una crisis política en el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Incluso, quedó plasmada una remoción de su gabinete.

El Supremo, con seis votos a favor y cinco en contra, apoya la ponencia de uno de sus magistrados. Siendo el conservador Antonio Trevijano, argumento de la derecha para acusar al Gobierno de haber gestionado la pandemia con una medida inconstitucional. Aunque la urgencia del instrumento jurídico estaba dirigido a “salvar vidas ante el COVID” en medio de lo más crudo de la crisis sanitaria que costó más de 81 mil fallecidos.

En la práctica, la sentencia no tendrá efectos sobre los ciudadanos. Ya que lo único que habrá que estudiar es cuántas multas ya cobradas habrá que devolver como consecuencia de una sentencia que anula un sólo artículo del decreto del estado de alarma.

Los jurista explican la limitación del fallo al sostener que en el alcance de su decisión “los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido”.

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