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¡Esto está sucediendo en Argentina! Más de 40 organizaciones ambientales exigen que se derogue la Ley 3692, una normativa que prohíbe crear nuevas áreas naturales protegidas en la provincia de Santa Cruz.
La forma que eligieron las organizaciones no gubernamentales provinciales y nacionales para demandar la urgente derogación de la ley 3.692, fue una carta abierta dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner, al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
La ley 3.692, que fue aprobada en la legislatura santacruceña en noviembre del año pasado y publicada en el Boletín Oficial provincial Nro. 5.418 del 15 de enero de 2020, impide por el lapso de un año, prorrogables por otros doce meses, la creación de nuevas áreas naturales en el territorio de Santa Cruz.
“Santa Cruz, el reino del revés”
Las organizaciones ambientalistas argumentan que “esta prohibición no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo. Santa Cruz tiene 24.4 millones de hectáreas, de las cuales terratenientes poseen 13.1 millones y sólo 1.8 millones se encuentran protegidas. La emergencia del sector rural no está relacionada con la protección de la naturaleza“.
Por su parte, las organizaciones responsables de manifestarse en disconformidad con esta medida asumen que en un contexto de emergencia sanitaria, crisis climática y crisis de extinción, la prohibición de proteger la naturaleza en Santa Cruz cuadriplica las emisiones de gases de efecto invernadero, expande la exploración minera, avanza en la construcción de las cuestionadas represas hidroeléctricas, y deja su mar a merced de la pesca ilegal y del bombardeo acústico: “¿Cómo evitar nuevas pandemias si no protegemos la salud de los ecosistemas?“.
«Las áreas protegidas proveen servicios ambientales como la captura de carbono, la polinización, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, la flora y la fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano. Esta rivalidad binaria naturaleza—producción es una mentira discursiva impuesta mediáticamente», explicaron las organizaciones.
Por otro lado, la ONG Vida Silvestre declaró que esta prohibición, tristemente inédita a escala nacional y global, profundiza el problema de fondo: el deterioro de los suelos por sobrepastoreo y la falta de un ordenamiento ambiental del territorio participativo.
El ordenamiento territorial es la herramienta de gestión que permite abordar de forma integral -y con la participación de todos los actores interesados- las intervenciones en el territorio, incluyendo una evaluación holística de aspectos sociales, económicos, productivos y ambientales.
Las áreas protegidas no son un obstáculo al desarrollo. Estas aseguran bienes y proveen servicios ambientales como la captura de carbono, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, flora y fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano.
Hoy en día, las áreas protegidas no alcanzan el 8% del territorio santacruceño. Buena parte de ellas permite múltiples usos, promoviendo prácticas sostenibles, en armonía con el cuidado de los recursos naturales.
